EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUESTRA LA DEFICIENTE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Es de sobra conocido que la Junta de Extremadura no da importancia ni dedica suficiente presupuesto al Medio Ambiente, al que considera un estorbo para la promoción de otras actividades. Sin embargo, nunca ha renunciado a un hipócrita uso propagandístico del medio ambiente, con planes que en realidad suponen una amenaza y un escaso beneficio ambiental (la última ocurrencia es la Estrategia de Economía Verde, que de verde sólo tiene el nombre). Normalmente la crítica procede del sector ecologista, aunque esta vez es una institución judicial, el Tribunal de Cuentas, quien en el "Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ejercicio 2016" (DOE 08/04/2019) pone de manifiesto las muchas deficiencias en la gestión ambiental de la Junta de Extremadura, tal como relata Ecologistas en Acción (leer aquí):

- Gestión de los Montes. Ámbito con más deficiencias. Hasta abril de 2018 aún no se había declarado ningún monte protector. No se han cumplido las Instrucciones de ordenación y aprovechamientos de montes. En Badajoz no se ha acreditado ningún expediente sancionador del que se hayan derivado indemnizaciones. No se han aprobado Planes Anuales de Mejoras en montes de utilidad pública. No se atiende a la obligación de colaborar con el Ministerio en la elaboración de la Información Forestal Española al remitir los datos de estadística forestal con dos años de retraso de forma reiterada. No se cuenta con un registro autonómico de infractores. Es nula la tramitación de expedientes sancionadores en Badajoz.

- Evaluación Ambiental. Ámbito con deficiencias más graves. No se ha adaptado la legislación autonómica a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Es muy grave que el órgano competente para emitir la evaluación de impacto ambiental sea a veces el promotor de los programas y proyectos evaluados, por tanto juez y parte (Dirección General de Medio Ambiente). Las alternativas presentadas son a veces inviables y por tanto un fraude y en 2015-2016 ni siquiera se solicitó a los promotores que reformularan estas alternativas tramposas.

- Plan de Vigilancia e Inspección Ambiental 2014-2020. No se ha constituido la Comisión Técnica de Valoración de Daños Medioambientales. No se publican Memorias Anuales. El Servicio de Protección Ambiental no cuenta con un sistema automatizado para advertir de superaciones del plazo, lo que supone un punto débil en el seguimiento. Pasividad de la Consejería de Medio ambiente en la inspección ambiental: de 102 inspecciones en 2016, 57 acabaron archivadas, 36 se remitieron a la Asesoría Jurídica como último trámite y sólo se completaron 9 inspecciones. Pasividad con el cobro de los expedientes sancionadores: de 1.341 sólo en 94 casos consta el cobro. Pasividad con las medidas correctoras para la reposición o restauración al estado anterior a la infracción cometida: de 58 casos en el periodo 2015-2017, en 27 expedientes se ignora el resultado y 29 expedientes seguían pendientes de finalizar. Es sabido que denuncias de los propios Agentes de Medio Ambiente "desaparecen" sospechosamente en los despachos de la Consejería y nunca siguen su curso legal.

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